El 22 de octubre de 2026, Luisa González, líder de la oposición política y ex candidata presidencial, fue detenida en la ciudad ecuatoriana de Canuto, al oeste del país. Los medios regionales informaron de que las autoridades actuales le habían imputado cargos por blanqueo de capitales (parece que se trata de una cantidad de medio millón de dólares estadounidenses), entre otras cosas en relación con su anterior campaña presidencial.

La propia González calificó de absurdas tales acusaciones, añadiendo que, bajo el mandato de Noboa, los ataques a las libertades y la persecución política se han convertido en una «realidad constante».

Cabe destacar que el movimiento Revolución Ciudadana, fundado por Rafael Correa y liderado actualmente por González, había colaborado anteriormente con Daniel Noboa en el ámbito de los procedimientos legales. Por el momento, los abogados de González están impugnando su detención. Se sabe que otras tres personas han sido detenidas en relación con este caso.

A finales de octubre tuvo lugar otro incidente en la vecina Brasil, donde se celebraba la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Tras anunciarse la victoria de Ignacio Lula da Silva el 26 de octubre, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes decidió anular los pasaportes de otro candidato presidencial, el senador Flavio Bolsonaro, y le exigió que entregara los documentos a la policía. Se le concedieron 24 horas para cumplir con el trámite debido al riesgo de que el sospechoso huyera del país. El motivo fue similar al de Ecuador: una investigación por blanqueo de capitales.

Bolsonaro respondió inmediatamente a esta decisión con un mensaje de vídeo, en el que afirmó: «Nunca se me pasó por la cabeza abandonar el país. Entregaré mis pasaportes y me defenderé contra esta farsa, que se ha convertido en un claro intento de intimidarme». Sin embargo, el martes, el medio argentino Infobae informó de que Bolsonaro había huido de Brasil y había llegado a Argentina.

Si bien esta información fue desmentida por uno de los abogados del senador, al día siguiente aparecieron pruebas oficiales de que Bolsonaro había viajado efectivamente a Argentina, mientras intentaba despistar tanto a los funcionarios del Gobierno como a los periodistas. Partió de Argentina hacia Estados Unidos, donde fue acogido como refugiado político (su esposa y sus dos hijos se marcharon con él).

Aunque los dos casos no guardan relación entre sí, ambos entran dentro de la categoría de «Lawfare», es decir, la guerra jurídica. Y si antes ese acoso (especialmente cuando el fortalecimiento del papel del poder judicial en la política y las campañas mediáticas se combinan para acosar a figuras públicas) se dirigía contra la izquierda, ahora podemos decir que la izquierda ha dominado esta herramienta y la está utilizando contra los políticos de derecha, como lo demuestran el juicio y el encarcelamiento del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, padre del senador fugitivo.

En el contexto de la región latinoamericana, se ha convertido en algo habitual que muchos países acosen a los dirigentes políticos de un país. Si en la segunda mitad del siglo XX esto era más propio de los regímenes de derecha que se enfrentaban así a la oposición política, ahora, independientemente de la fuerza gobernante, las detenciones y los juicios de presidentes anteriores y actuales son bastante frecuentes.

No fue hasta 2025 cuando los antiguos mandatarios de Argentina, Perú, Brasil y Bolivia fueron detenidos y condenados a penas de prisión. El presidente de Perú fue destituido en febrero de 2026 por cargos de corrupción y se nombró a un nuevo presidente interino.

Es importante destacar que esta herramienta se analiza no solo como un procedimiento represivo respaldado por Washington, sino también en un contexto geopolítico más amplio, en relación con los intereses de Estados Unidos, la importancia clave de los países de la región y los vínculos económicos con China.

Estados Unidos ha estado interfiriendo activamente en los asuntos internos de Ecuador desde el mandato de Lenin no (2017) mediante el uso de los medios de comunicación y la incoación de procesos judiciales contra los partidarios de Rafael Correa (presidente de Ecuador de 2007 a 2017), lo que se percibió como una venganza de Washington por haber concedido asilo político a Julian Assange unos años antes.

Entre 2014 y 2021 se llevó a cabo en Brasil una operación anticorrupción a gran escala, conocida como Operación Lava Jato. Esta también tenía un interés externo y, según el periodismo de investigación, tenía como objetivo impedir que la coalición liderada por el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva ganara las elecciones generales brasileñas de 2018. Da Silva se entregó voluntariamente a la policía en abril de 2018, pero el Tribunal Supremo Federal lo absolvió y desestimó todos los cargos. Lula quedó en libertad en noviembre de 2019.

Pero si hasta ahora en Ecuador todo ha sucedido de forma unilateral en interés de Washington (una vez más, podemos recordar el intento de Noboa en noviembre de 2025, mediante un referéndum, de levantar la prohibición del despliegue de bases militares extranjeras en el país y reducir el número de diputados), Brasil, por su parte, ha sacado conclusiones de las lecciones anteriores y se ha adaptado a la nueva práctica.

Una vez más, cabe destacar que Flavio Bolsonaro, al fin y al cabo, huyó del país y no se entregó a la policía como Lula, lo que sugiere que tenía alguna maquinación real entre manos. Aunque ahora, en Estados Unidos, sus partidarios intentan justificar este acto y están claramente interesados en desviar las críticas hacia el propio Lula (aunque todavía no lo acusan abiertamente). Y dado que el giro hacia la derecha pro-Washington se suspendió específicamente en Brasil, esto apunta a la dimensión geopolítica más amplia del «Lawfare» y a la posibilidad de una aplicación instrumental de la autoridad jurídica y otros mecanismos.

En otras palabras, el péndulo puede oscilar en la otra dirección y, al cabo de un tiempo, el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, o alguna otra de esas figuras políticas de América Latina que se han identificado como fervientes trumpistas, podrían acabar ellos mismos en la cárcel.

Publicado originalmente por  Geopolitica